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Con la nueva Ley, la Secretaría de Cultura asignaría fondos (ponele) al Inamu

Sería una estatización de lo que hoy es un Ente Público-No Estatal.

El paquete de medidas (“Ley ómnibus”) que el presidente Javier Milei envió el último miércoles al Congreso pone también en estado de alerta a la comunidad musical. Es que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo avanza sobre el financiamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu), una entidad que nació en 2012 a través de la Ley 26.801. El proyecto propone la supresión del financiamiento fijo derivado de la carga impositiva prevista en el artículo 97, inciso G, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (un 2 por ciento de todo lo recaudado). «Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación«, precisa el artículo 25 del texto enviado al Congreso. Mientras tanto, el Inamu sigue en funciones hasta que se trate la ley.

Las reformas propuestas son parte del proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Según denunció ayer la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes (FA-MI) en un comunicado, la propuesta legislativa busca “transformar al INAMU en apenas un programa de la Secretaría de Cultura”. “Sería como estatizar el INAMU, ya que es un Ente Público-No Estatal, lo que quiere decir que es un órgano mixto regulado por el derecho público y que se aplica el derecho privado en sus relaciones con particulares”, precisan.

“La aprobación del proyecto sería el certificado de defunción de la experiencia de fomento más federal, transparente y participativa de la actividad cultural”, apuntan desde la FA-MI, una federación integrada por 38 asociaciones de 17 provincias más CABA. El Inamu es “un Instituto que valoran hasta los países del llamado Primer Mundo por su transparencia, federalismo institucional -su gestión fue aprobada por unanimidad por los 24 gobiernos de las 23 provincias y CABA durante 9 años-, y el protagonismo asociativo territorial en la elección de los beneficiarios, con la participación de más de 80 asociaciones de la actividad musical federal, muchas de ellas integrantes de la FA-MI, que garantizó participación comunitaria: un organismo sin una sola denuncia desde su origen y sin deudas”, enfatizan

Para Diego Boris, ex presidente del Inamu e integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Músicxs Independientes (UMI), «es una mala señal constitucional emitir un DNU donde en la práctica legisla algo que no tiene permitido el Poder Ejecutivo en muchísimas cuestiones». «Y lo que sucedió ayer fue la presentación del proyecto de ley en donde en 600 artículos se lleva puesto setenta años de consenso en todas las actividades de nuestra sociedad en general», enmarca. «Y en particular en la cultura hace desaparecer al Instituto del Teatro, al Fondo Nacional de las Artes y afecta fuertemente la autonomía y el financiamiento del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y del Inamu, que tiene un federalismo institucional inédito», resalta el también músico.

El Inamu está conducido y administrado por un Directorio, una Asamblea Federal y un Comité Representativo. Se trata de un ente público no estatal que tiene por objetivo principal el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular. «Tanto los representantes de Cultura como los representantes de las asociaciones hicieron su tarea ad honorem. Entonces, estas 104 personas que participaron en los nueve años de gestión del Inamu lo hicieron porque tienen compromiso con la actividad musical», enfatiza Boris a Página/12. «O sea que no se generó una estructura que produce costos y que había que eliminar. Todo lo contrario: es un ejemplo de protagonismo institucional y asociativo que no tienen ningún costo. Y transparenta fuertemente la elección de los beneficiarios», amplía.

La idea de Boris, la FA-MI, la UMI y el colectivo de músicos y músicas es participar en las reuniones de comisiones en las cámaras de Diputados y Senadores. En este sentido, mañana viernes la Mesa de la Industria y la Actividad Musical Argentina emitirá un comunicado con adhesiones de distintos artistas. «Nuestra ley (de la Música) salió votada por unanimidad. Entonces, es un avasallamiento muy grande el hecho de pretender con una ley que alguien diga ‘a ver que vamos a hacer con el Inamu’, que seguramente no conocen cómo funciona. No entienden que estos organismos son de fomento a la actividad musical, no al público. Para hacer política cultural para el público está la Secretaría de Cultura de la Nación», distingue Boris.

El presidente de la Unión de Músicxs Independientes (UMI), Gustavo Rohdenburg, señala que las medidas del gobierno pretenden «eliminar y derogar todo lo que es la representación de la actividad musical organizada que viene siendo parte de la historia de la industria cultural y musical de la Argentina». «Por ejemplo, elimina los consejos regionales y la posibilidad de que todos los años las asociaciones de músicos, los sindicatos y las cooperativas elijan a quiénes van los fomentos del Inamu», precisa. «También elimina el Comité Representativo a nivel nacional y elimina el derecho al telonero argentino en los shows internacionales de artistas extranjeros a la vez que elimina cobrar las multas por ello«.

«Entonces, es una especie de ruptura total del espíritu con el que se creó la Ley de la Música y vuelve al Inamu un programa cultural pequeño dentro de la Secretaría de Cultura«, sintetiza Rohdenburg a este diario. «La lógica de estas medidas tiene que ver con darle al mercado el protagonismo de decidir la política cultural de nuestro país, lo que sería una derrota muy dolorosa», sostiene. “El Inamu no desaparecería, pero lo reduce y le saca un montón de atribuciones claves a nivel federal y territorial, y las reemplaza por una centralidad explícita. Sería un gran retroceso que se aprueben estas medidas”, completa.

En este contexto, diferentes colectivos y organizaciones de músicas realizarán actividades en contra de las medidas antidemocráticas que envío el presidente al Congreso. Una de ellas será la intervención Música Por Necesidad y Urgencia que propone este sábado 30 a partir de las 17 tocar en las esquinas, los balcones y las ventanas. «Músicas y músicas de todo el país nos expresamos contra el DNU», precisan los organizadores. «Música Por Necesidad y Urgencia es una respuesta inmediata, urgente y necesaria a este avasallamiento del gobierno de Milei”, explica el músico Juan Pablo Fernández, uno de los impulsores de la iniciativa. ”Hay una cultura y un entusiasmo en la gente por hacer cosas juntos, por compartir, guitarrear y tomar su instrumento para cantar, hacer ruido y encontrarse con otros. La cultura del pueblo no la saca ni un gobierno ni un decreto ni una ley. Nosotros vamos a estar siempre porque no hace falta pagar una entrada para encontrarse con un artista”, sostiene Fernández.

La iniciativa se replicará por diferentes barrios de Buenos Aires y puntos del país, como Trenque Lauquen, Bariloche, Neuquén, Bragado, Roca, La Plata, Pehuajó, Corrientes, Chaco, Tucumán y Gualeguaychú. “Somos un pueblo rebelde, compañero, amigo de sus amigos y amigues. Un pueblo que hace cosas y comparte. Es un hecho cotidiano y cultural hacer arte, no solo estético. Y eso va en contra del protocolo de Patricia Bulrrich y de las medidas del gobierno”, argumenta el músico. “La música siempre tiene algo para explicarnos del mundo que nos toca vivir”, remata.

Sergio Sánchez/Página 12-Espectáculos

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