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Luis Puenzo, presidente del INCAA, habla sobre el tributo al streaming

Puenzo marcó la importancia que tiene para el INCAA.

La afirmación no es nueva ni resuena solitaria en la agenda mediática. Pero esta vez generó un rechazo más sonoro. «Estamos trabajando con abogados desde hace dos o tresaños en el tema. Explotó ahora por la necesidad económica que provoca la emergencia. La gente de Netflix lo sabía y lo sabe: tarde o temprano, las plataformas van a tributar. Necesitamos que tributen como tributaron las pantallas y los videoclubes», explicó con cierta lógica Luis Puenzo, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en una entrevista que concedió a El Destape Radio.

La sola mención pública sobre la idea de regular a los servicios de streaming, que revolucionaron la producción, comercialización y el consumo de contenidos audiovisual, encontró defensores de la “anomia” para ese sector. La falacia de querer generar un “nuevo impuesto” se instaló en grandes titulares, cuando en realidad se trata de una adecuación de las leyes vigentes a servicios que no estaban contemplados cuando fueron sancionadas. Bastaría con la sanción de una ley que considere a los servicios de streaming como «exhibidores» o que parte del 21% del IVA que ya tributan las plataformas se destine directamente a un fondo de fomento. El debate, de todos modos, no es potestad de la Argentina sino que se da en todo el mundo.

Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO GO o Disney+ pusieron al alcance de muchos series y películas de cualquier parte del globo. Ese nuevo mundo que se abrió sin salir de casa y plausible de llevarse en el bolsillo, transformó a la industria y al consumo de entretenimiento. Y también instaló en Estados la necesidad de regularlo, como a cualquier otra actividad audiovisual. Así como el impuesto del 10 por ciento de lo que se paga una entrada de cine va destinada al Fondo de Fomento Cinematográfico, y que en los ’90 se actualizó para alcanzar a la TV por cable y el VHS, la masividad en el uso de las plataformas vuelve necesaria una nueva readecuación legislativa.

“Cuando trabajamos en la ley del cine en los ’90, si se nos hubiera antojado ir a ponerle impuestos a la Paramount o a la Universal, todavía estaríamos esperando esa ley, hubiera sido utópico. De esa misma manera, una cosa -subrayó Puenzo- es pelear contra las majors del streaming, como Netflix, Amazon o Apple, entre muchas otras, y pedirles de una manera casi ingenua que tributen, y otra más sencilla es el mismo mecanismo que se aplicó en el cine desde que los crearon en el ’50, que es aplicar un impuesto a la entrada. Ahora será aplicar un impuesto a los abonos«. ¿Por qué los canales de TV abierta, los operadores de TV Paga y las salas de cine deben por ley destinar parte de su recaudación a fomentar las producciones, y no deberían hacerlo las empresas que ofrecen servicios VOD, que modifican consumos y ocasionaron consecuencias en la industria audiovisual argentina?

La intención del presidente del Incaa no es alocada. Se puede compartir o no el criterio, pero nunca su lógica en el audiovisual actual. El mundo discute cómo regular a los servicios de streaming. No hay coincidencia en el cómo, pero sí en la necesidad de reglamentar. Por una cuestión económica, pero fundamentalmente para resguardar la cultura y el trabajo audiovisual de cada país.

En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una normativa que obliga a las plataformas online a ofrecer un mínimo del 30 por ciento de producción europea en sus catálogos. Además, la normativa le da potestad a los Estados miembros a que puedan imponer una subcuota de contenido nacional, algo que algunos países introdujeron y -fallos judiciales mediante- empezaron a aplicarse.

En Alemania, sin ir más lejos, desde 2014 la legislación le exige a los servicios de streaming a reinvertir un 2,5% de los ingresos que generan en el país para el financiamiento de películas y series locales. Ese porcentaje es gestionado por el German Federal Film Board (FFA), el sistema nacional que reúne y gestiona las subvenciones para las producciones audiovisuales. Este puede ser un caso testigo para la Argentina, teniendo en cuenta que tanto las cadenas televisivas tradicionales y las salas de cine alemanas ya cumplían -como aquí- con esa normativa, la cual fue actualizada para incluir a los nuevos servicios de VOD.

La ley, que los Estados miembros tienen tiempo hasta octubre para aplicar, también le abre la puerta a los países a demandarle a las plataformas una contribución al desarrollo de producciones audiovisuales europeas, ya sea destinando un porcentaje de lo recaudado a producciones propias o aportando a fondos nacionales. En España, por ejemplo, donde las televisoras privadas están obligadas a invertir el 5 por ciento de sus ingresos a la producción de cine nacional, desde hace meses se debate la posibilidad de que las plataformas financien a Radio y Televisión Española (RTVE), el sistema público nacional que suprimió la publicidad en sus medios. La idea del gobierno español es extender a Netflix y al resto de los servicios online la aplicación de una tasa de radiotelevisión pública, que ya corre para los canales de TV abierta (3% de su facturación), las señales de TV paga (1,5%) y las empresas de telecomunicaciones (0,9%). Al igual que las plataformas, el debate por la regulación no conoce de fronteras.

Emanuel Respighi/Página 12

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