El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, que presentó el presidente Javier Milei el miércoles pasado ante la Cámara de Diputados para su tratamiento, tiene su capítulo 3 dedicado íntegramente a la “Cultura”, donde se destina una buena parte a desfinanciar la industria del cine. Por un lado, hubo cierta satisfacción de quienes se esperanzaron cuando descubrieron que el Incaa no será eliminado, como sí sucede con otros organismos de la Cultura como el Fondo de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro -tal como informó ayer Página/12-, si es que la ley se aprueba. Pero la sonrisa se borra colectivamente ni bien se comienzan a leer los artículos que son un golpe certero a la autarquía del Instituto con una estaca clavada en el corazón del Fondo de Fomento Cinematográfico.
El texto del proyecto de Ley ómnibus confirma, en el artículo 564, que el Fondo de Fomento para la actividad cinematográfica local, a cargo del Incaa, se integrará como hasta ahora con un impuesto del 10 por ciento aplicable sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida. Pero elimina otra parte del fondo que es el 10 por ciento aplicable «al precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado» (eso estipula la histórica Ley de Fomento Cinematográfico). Pero lo que es peor aún: elimina la principal fuente de financiación del Fondo, que es el 25 por ciento del total de los fondos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, antiguo Comfer) a partir de los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión. En lugar de esas asignaciones específicas, el proyecto del Ejecutivo dice que los fondos para el fomento cinematográfico a partir de ahora surgirán de “los recursos que determine el Presupuesto Nacional”.
«Las medidas son un golpe mortal para la actividad cinematográfica argentina y la dejaría, si el proyecto de ley avanza, en una situación inédita de debilidad y casi incapacidad de producir», afirma Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) -entidad que nuclea a las empresas productoras más representativas del cine-, y productora de amplia trayectoria de éxitos del cine nacional como, por ejemplo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010.
«Para la gran mayoría de las producciones nacionales es prácticamente imposible producir sin el Fondo de Fomento», traza Ragone. Es que un productor no produce solamente con subsidios del Incaa sino que usa parte de eso para hacer su película. «Yo hago películas que, por su tamaño, nunca se han financiado solamente con el Incaa. El Incaa ha sido una parte de un financiamiento complejo, diverso, donde había coproducciones, privados participando. Ahora, hay otro tipo de proyectos que necesitan un mayor financiamiento para que haya mayor diversidad de voces y no seamos cinco los que producimos o los que pueden dirigir. Y esto va en el camino de que haya una enorme concentración en pocas empresas, las que de momento tengan relación con las plataformas porque ya no hay otro modo de conseguir financiamiento. Y eso nos deja en manos de lo que deciden terceros que tienen una ambición de negocios».
Ragone también señala que hay plataformas en Argentina que no producen muchos largometrajes nacionales y que el cine argentino es mucho más diverso que eso. «A las plataformas no les interesa todo el cine argentino. De todas esas películas que el Incaa produce, salen películas que nos llevan a lugares que van desde el Oscar hasta el Festival de Cannes y que hacen ventas internacionales. Y no todas esas son películas que van a producir las plataformas, ni tienen por qué».
Ragone tenía pensado hablar con autoridades del Instituto para pensar en modelos mixtos de producción, donde el Incaa no tenga que invertir tanto y se pueda colaborar con inversores privados o plataformas. «Era un camino totalmente diferente a este, pero evidentemente este camino de restricción cultural está en las bases del proyecto de gobierno, lo cual me asombra para ser un proyecto libertario».
Sandra Gugliotta, reconocida directora y productora, también se refiere a la cantidad de empleo que genera el cine argentino: «Las pymes nacionales de nuestro sector tienen más de 650 mil empleos registrados y de calidad. Hay empleos directos e indirectos porque no son solamente los empleos que genera una película sino los empleos desde el camionero hasta el catering, desde los proveedores de servicios y los proveedores de equipamientos, hasta los actores, extras, traductores», explica Gugliotta desde una mirada del cine argentino como industria cultural.
En la misma línea, la productora y documentalista Carmen Guarini sienta posición sobre el proyecto de desfinanciamiento del Fondo de Fomento: «Implica la muerte del Instituto de Cine y por ende la muerte del cine nacional. También la pérdida de gran cantidad de fuentes de trabajo no solo para los directores y los productores sino para todo el resto de la industria. Estamos hablando de los técnicos, el trabajo secundario que acarrea cualquier rodaje, que implica también pérdida para las industrias locales de las distintas regiones de nuestro país. Es una cosa terrible que no podemos permitir. Es un avasallamiento, además, de una institución que es autárquica«, cuestiona Guarini.
En relación a los subsidios a la producción, un artículo agregado a la ley original establece que en ningún caso el subsidio otorgado por el Incaa podría significar “más del 50 por ciento del costo de producción total del proyecto”. Y que no podrán pasar menos de dos años para poder contar con un nuevo subsidio. «Esto mata a los productores, destroza la producción», advierte Gugliotta. «Los subsidios van a parar a un limbo donde no se puede siquiera detectar con qué espíritu serían dados», precisa la directora de Un día de suerte.
Mamushka de desgracias
«Hay más cosas en el proyecto», detalla Ragone: «No podés asociarte con alguien que tenga un subsidio en actividad. Yo como productora me asocio, a veces, con otros productores para hacer películas y muchas veces esos productores tienen otro subsidio por otra película. Tampoco podrías hacer eso. Sacando ese punto que me pareció también disparatado, no poder presentar un proyecto en dos años para quienes tienen empresas que tienen una base del financiamiento importante en el fomento del Instituto es letal. En general, una empresa cinematográfica, una pyme cinematográfica no sobrevive si no hace una o dos películas por año. Es un estándar en cualquier parte del mundo. Tenés que producir y mientras estás terminando una, estás preproduciendo la otra para poder estrenar todos los años. Si no estrenás una película todos los años, no tenés cómo sustentar tu negocio, la mínima rentabilidad que podés tener».
Y respecto del 50 por ciento del costo que sólo cubriría el Incaa en un proyecto, Ragone indica que es muy complejo para algunos productores. «Hay películas que deberían ser financiadas al 100 por ciento. Es muy difícil conseguir un financiamiento por fuera de eso. Y para conseguirlo tenés que ir a los bancos que te dan unas tasas de interés monstruosas, que no las podés pagar o tenés que poder asociarte con una plataforma, con una distribuidora que quiera poner la mitad de un dinero en un proyecto que, en algunos casos, no es tan sencillo porque son proyectos más independientes o más autorales, donde quizás no se ve de inmediato el negocio y, entonces, el privado pocas veces toma ese riesgo», detalla Ragone.
El proyecto mantiene el funcionamiento del Incaa como ente público no estatal que funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación. El organismo será presidido por un director y un subdirector (ya no presidente ni vice), acompañados por órganos de cogobierno como la Asamblea Federal y un Consejo Asesor que reduce de los once miembros actuales a ocho. La Ley ómnibus, a diferencia de la vigente Ley de Cine, no determina su integración a partir de las propuestas de diversas entidades representativas (productores, directores, técnicos, actores) del sector. Solo señala que serán elegidos por el director en funciones.
Gugliotta fue asesora de un consejero durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó como asesora en algunos momentos del gobierno de Alberto Fernández. «El espíritu del Consejo Asesor era que estuvieran representadas las distintas entidades del sector, donde hay representantes de la industria, de la producción, de directores, de provincias. Al quebrar eso, funcionaría como un espejo del gobierno nacional: sería un ahora llamado director del Instituto que tiene el poder de decidir quiénes forman parte de ese Consejo Asesor, cuando antes los miembros eran nombrados por las distintas asociaciones. Y, a su vez, ese director del Instituto podrá decidir cuántos subsidios y de cuánto monto y en qué momento los da», señala la directora. El tema de los subsidios figuraba de otra forma en la Ley de Fomento Cinematográfico. «Y respecto de la representación, había un concepto de que en el Consejo Asesor estaban representadas las distintas instancias de la industria y que ellos elegían a sus representantes. Va todo en una misma línea», cuestiona Gugliotta.
El proyecto mantiene la Cinemateca Nacional y una biblioteca especializada, pero quita de esta lista a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), entre los aspectos más cuestionados de la modificación que pretende La Ley Ómnibus si se aprueba en el Parlamento. La Enerc es uno de los bastiones públicos donde se formó buena parte de los actuales cineastas argentinos, como por ejemplo Tristán Bauer, Lucía Puenzo, Lucrecia Martel, Sandra Gugliotta, Jorge Gaggero, Vanessa Ragone y el recordado Fabián Bielinsky, entre otros nombres destacados. El actual rector de la Enerc, Gabriel Rojze, explica cómo tomó que el proyecto que no tiene en cuenta el financiamiento ni el funcionamiento de la escuela que en 2025 cumplirá 60 años: «Lo primero que te sobreviene es la sorpresa, un bombazo. Ahora, salido de eso, estamos dispuestos a ponernos a trabajar y encaminar esta discusión, porque el problema es que hay que resolver qué se va a hacer con la Escuela, más allá de que la quieran borrar de un plumazo. Entonces, nos lleva a tener que trabajar con los legisladores, a pedir acompañamiento de los legisladores de todas las provincias donde la escuela tiene convenio», expresa Rojze.
La Enerc es una prestigiosa escuela nacional de cine que tiene sedes regionales en Jujuy, Formosa, Rosario, San Juan, Mar del Plata, Neuquén, Comodoro Rivadavia y la de Buenos Aires. «Consideramos que vamos a tener la sensibilidad de los legisladores que saben de los efectos beneficiosos de la escuela en sus propias localidades», expresa Rojze. En total, en estos momentos, la Enerc a nivel nacional tiene 550 estudiantes en todas las carreras y aproximadamente 120 ingresantes. «En la sede de Rosario, de animación, armamos un aula híbrida con computadoras. Es una por alumno. Entonces, tenés que armar una infraestructura. Lo mismo para la carrera de Fotografía, que tenemos que dar cámaras suficientes, etcétera. La escuela es pública y gratuita, pero no es irrestricta», señala Rojze, ya que se toma un examen de ingreso.
«Así como está el proyecto, a nosotros nos saca del Fondo de Fomento. Y la pregunta a los funcionarios es: ¿Y adónde nos lleva? No lo sabemos. Nadie nos ha explicado. Yo pedí una entrevista con el secretario de Cultura de la Nación, Leo Cifelli, para anoticiarme de qué proyecto de financiamiento tienen en mente porque nos quitan la posibilidad -como estaba en la ley- de ser financiados por el Fondo de Fomento, algo que se hace desde hace 58 años. Así como está explicado, no tenemos ninguna respuesta. Y vamos a pedir una explicación de qué plan tienen en mente. Todos estos años que ha funcionado la escuela se ha financiado con recursos propios del Incaa, que son del Fondo de Fomento», cierra Rojze, dejando notar la angustia que lo invade.
«Yo creo que no se puede discutir esa letra porque esa letra es absurda. No tiene sentido. Hay párrafos que se contradicen entre sí. Yo creo que intentar discutir la letra no sirve. Esto primero tiene que ser discutido desde la industria. No sabemos quién redactó eso y no se puede estar viendo la lógica que puede tener esa cosa que están planteando», dice Guarini sobre la discusión que se debe dar en el sector cinematográfico.
Y como si esto fuera poco, como dice un vendedor ambulante, también el proyecto elimina la disposición de una cuota de pantalla nacional -con la desprotección que eso supone frente a los «tanques» de las grandes distribuidoras- y fija que los gastos operativos y de personal del Incaa no pueden superar el 25 por ciento del presupuesto. Según pudo averiguar Página/12, se pretende eliminar el 70 por ciento del personal del Incaa. Y hay rumores de intervención en el Instituto. ¿La libertad avanza?
Oscar Ranzani/Página 12-Espectáculos