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El ENARD no reconoce a los dos presidentes del Comité Paralímpico Argentino

Gustavo Fernández es el número 1 de los atletas paralímpicos argentinos.

El deporte paralímpico argentino vive una crisis dirigencial inédita y los atletas están en el medio de un conflicto institucional bochornoso. Desde septiembre dos personas reclaman la presidencia del Comité Paralímpico Argentino (COPAR): Alberto Rodríguez, electo para ese cargo en 2018, y Oscar Dro, quien encabeza una comisión normalizadora formada para investigar supuestas irregularidades de ese dirigente. El cisma de legitimidad desembocó en que la cuenta del ente está congelada en el Banco Nación. Y como la Inspección General de Justicia (IGJ) aún no se expidió sobre el tema, la Secretaría de Deporte y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) optaron por no reconocer a ninguna de las dos partes y trabajan directamente con las federaciones.

“Decimos BASTA. Queremos dirigentes que estén a la altura de lo que Argentina merece”, fueron las palabras de una nota firmada el viernes por 22 atletas y entrenadores paralímpicos, entre ellos Hernán Barreto, velocista y bronce en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y Hernán Urra, plata en lanzamiento de bala en la cita paralímpica de hace cuatro años.

Todo comenzó después del regreso de los atletas de los Juegos Parapanamericanos de Lima en los que Argentina cosechó 107 medallas.

De acuerdo a lo que le relató Dro, vicepresidente de la Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral, a Clarín, la mayoría del Comité Ejecutivo del COPAR decidió formar una comisión normalizadora con el objetivo de investigar supuestos malos manejos administrativos.

“Siete de los 11 miembros reunimos todo tipo de denuncias. Lo peor de todo fue que en la previa del viaje a Lima, a último momento Rodríguez decidió sacar al jefe de misión designado y sustituirlo por Alejandro Pérez, director de Deporte y Educación Física nacional”, sostuvo.

Al no tener respuesta de la presidencia acerca de esas irregularidades se formó el grupo de investigación y le enviaron un telegrama a Rodríguez comunicándole que “tenía un plazo de 60 días, como marca el estatuto, para dar explicaciones”, relató.

Rodríguez aseguró, sin embargo, que la razón por la que se formó la comisión fue otra. “A Lima llevamos por primera vez 15 profesionales entre fisiatras, psicólogos y kinesiólogos y dejamos a varios dirigentes afuera, especialmente a los que no trabajan. Eso generó que armen esta comisión normalizadora”, le contó a este diario quien preside la Federación Argentina de Deportes en Sillas de Ruedas.

El ex maratonista y actual entrenador del seleccionado de atletismo en silla de ruedas desconoce esa comisión por considerarla ilegal. “Se juntaron tres o cuatro miembros del Comité y nunca hicieron una denuncia ni pidieron la intervención de la IGJ, como se debe hacer cuando no estás de acuerdo con un dirigente”, afirmó Rodríguez.

Sin respuesta a sus reclamos, la comisión normalizadora convocó a una Asamblea extraordinaria para febrero. “La Asamblea se realizó el 19 de febrero con el 50 por ciento de las federaciones afiliadas y por unanimidad se decidió expulsar a Rodríguez del COPAR por las denuncias en su contra. Notificamos de la decisión a la IGJ, a la Secretaría de Deporte de la Nación, al ENARD y al Comité Paralímpico Internacional ”.

¿Qué dijo Rodríguez? “Para nosotros, que somos mayoría, la Asamblea no fue legal. Estuvo el 20 por ciento de la Comisión Directiva. Ninguno de los que me apoya fue convocado. Participó gente que no está en el movimiento. No la convocaron 40 días antes, como dice el estatuto, y tampoco estuvo el fiscalizador de la IGJ, que por eso la desestimó”, afirmó.

Desde entonces cada una de las partes continuó trabajando por su lado, presentándose como la presidencia legítima del COPAR.

Las autoridades de Deporte se encontraron con esa lucha de poderes. La cuarentena dejó en suspenso la situación. El ENARD tampoco habla con las dos dirigencias. En cambio el Comité Paralímpico Internacional decidió continuar reconociendo a Rodríguez como presidente del COPAR, al menos hasta que la IGJ les indique lo contrario.

Luciana Aranguiz/Clarín

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